¿Quién puede pensar que una sentencia del Tribunal Constitucional no se cumple? Pues muchos no solo lo piensan sino que lo hacen. Y mientras que **si no pagas una multa de tráfico o el IBI existen mecanismos para obligarte a hacerlo resulta que si se incumple una sentencia del Alto Tribunal no existen medidas para dotarle de capacidad para que sus resoluciones sean ejecutadas**. Esto parece una broma y por eso Xavier García Albiol dijo cuando el Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para poner solución a ésta situación la famosa frase: «La broma ha terminado»
**El Tribunal Constitucional ha sido en los últimos 37 años garante de la convivencia y los derechos fundamentales de todos los españoles recogidos en la Constitución Española** y es fundamental que se acompañe del absoluto respeto a sus decisiones.
Hay quienes se preguntan si es una medida electoralista para actuar frente al desafío independentista del Presidente Catalán Artur Mas. Yo les díría que lo que es seguro es que no actuar podría ser cuanto menos prevaricación porque **todos los españoles sabemos que no actuar es permitir que las cosas se hagan mal sabiendo que se están haciendo mal**. Y luego están las comparaciones inevitables con otras situaciones como por ejemplo si un ciudadano incumple una resolución administrativa ve como toda la fuerza de la maquinaria pública cae sobre él, ya sea por no presentar en plazo una declaración de IVA o por coger el coche si tiene el carnet retirado.
La proposición de ley de **reforma del TC permitirá que éste Tribunal sancione o incluso suspenda de sus funciones al presidente catalán, Artur Mas, si incumple sus sentencias**, de forma similar a como ocurre en otros países. La desobediencia podrá costar la suspensión de las funciones y multas de hasta 30.000 euros. Porque si un ciudadano no puede desobedecer una sentencia no se puede permitir que una Institución Pública lo haga. Las leyes están para cumplirse y si no se cumplen y una sentencia así lo ratifica e insta a hacerlo no puede ser que se hagan oídos sordos y con ello se dé el mensaje a los ciudadanos de que la justicia no es igual para todos.
Lo que hace es precisamente proteger nuestro Estado de derecho que algunos quienes manipular a su antojo y asegurar la plena eficacia de nuestro Estado de Derecho siendo el propio Tribunal quien supervise y controle la ejecución de sus propias resoluciones como ocurre con los tribunales ordinarios. **En España si los ciudadanos cumplen las sentencias los políticos y las instituciones públicas también**.
Se tramitará esta reforma durante el mes de octubre en las Cortes Generales y se espera que pueda ser aprobada definitivamente antes de que acabe la legislatura porque este Gobierno va a seguir trabajando hasta el último día y no va a dejar de hacerlo por responsabilidad y compromiso con los ciudadanos.
La proposición pretende modificar los artículos 83, 87, 92 y 95 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, al que dota de instrumentos para que pueda garantizar el cumplimiento de sus sentencias.
Según Hernando, **en los últimos años se han visto situaciones de «desacato» e incumplimiento de las sentencias del TC, y esto «se tiene que acabar»**. Y se va a hacer adaptando las normas para defender los derechos del conjunto de los ciudadanos españoles, también de los que viven en Cataluña.
