Era una vieja reivindicación de los afectados por las sentencias de derribo, algo que aunque parece obvio no se cumplía. A partir del debate en el Senado del proyecto de modificación de la Ley del Poder Judicial, ayer se aprobó una enmienda por la que el juez o tribunal que ordene una demolición exigirá, como «condición previa y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe».

La enmienda presentada por el Grupo Popular y también por otros grupos de la oposición termina con una situación de desamparo de muchas familias que a pesar de haber actuado de buena fe en la compra o construcción de su vivienda no percibían la indemnización correspondiente hasta pasados muchos años.

Una vez más la sociedad civil a través de asociaciones de afectados han sido los impulsores de esta iniciativa que da respuesta a situaciones de injusticia a pesar de estar precisamente creadas por el incumplimiento de normas muchas veces incomprensibles para muchas familias. Porque hay familias que han comprado una vivienda sin saber que los constructores no tenían las correspondientes licencias y algunas que se han visto afectadas por normativa de protección especial.

El daño emocional de ver cómo derriban tu vivienda entiendo que es irreparable pero si al menos no se suma un daño económico que dejaba a las familias en situaciones muy difíciles habremos de felicitarnos porque en el Senado una vez más se consigue mejorar un texto legal en trámite de segunda lectura.

Fue una satisfacción y agradecemos todos los senadores las felicitaciones desde la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) por esta iniciativa que ha modificado un texto enviado desde el Gobierno y que ahora se ha mejorado con las propuestas los representantes elegidos por los ciudadanos. Este es el camino: escuchar a los ciudadanos, atender sus reivindicaciones, modificar las leyes, mejorarlas y siempre, siempre, cumplirlas.