Artículo publicado en la plataforma Destino Europa
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La situación actual nos obliga a plantearnos qué Europa queremos y para eso hay que empezar por revisar todos nuestros objetivos previos a la pandemia por COVID_19, porque el impacto en la sociedad está siendo de tal calibre que nada de lo que hace 6 meses considerábamos un planteamiento claro lo es hoy.

Las instituciones públicas y por supuesto la UE tienen un papel decisivo a la hora de enfocar las prioridades de cara a un futuro que, aunque incierto, deberemos ir configurando en base a las tendencias que observamos. Por ejemplo, los cambios demográficos que se van a producir fruto de una casi segura menor natalidad, como ya ocurrió en la anterior crisis económica del 2007, un mayor envejecimiento y un movimiento de trabajadores con un buen nivel de cualificación a sectores como el agrario, debido a la alta demanda de mano de obra y porque sin duda es un sector estratégico como el del transporte, como ha quedado demostrado durante la crisis sanitaria por el coronavirus.

Europa no puede pararse y de hecho no lo ha hecho. Aunque lentamente, porque los mecanismos que precisamente garantizan que las decisiones sean ajustadas a la situación y que beneficien por igual a todos los ciudadanos europeos, la UE está tomando medidas de gran calado a nivel económico para ayudar a los gobiernos. Ahora el reto está en que esas ayudas y medidas lleguen lo más rápida y eficazmente a quienes serán los encargados de que la maquinaria continúe funcionando, las empresas y los trabajadores.
La Responsabilidad Social Empresarial, RSE, se vislumbra como una oportunidad para que Europa y todos los países que la forman adopten medidas con las que se fomente un desarrollo social más sostenible ligado a la mayor competitividad de las empresas.

El pasado año la Comisión Europea planteaba la necesidad de que el Consejo Europeo de la Innovación prestara apoyo a los innovadores, a las nuevas empresas, a las pymes y a los investigadores. La clave está en la necesidad de incrementar y potenciar los vínculos entre los investigadores y las empresas para que la innovación se materialice precisamente en un desarrollo más sostenible, haciendo hincapié en las pymes que son las que precisamente disponen de menos recursos para desarrollar iniciativas de investigación e innovación.

Por ello se hace imprescindible la generación de alianzas a nivel mundial, nacional, regional y, sobre todo, a nivel local para que se cumpla uno de los objetivos de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible aprobada en 2015 por la ONU, precisamente el ODS 17. Porque solo desde unos objetivos compartidos donde las personas y el planeta se sitúen como eje prioritario se podrá fomentar el crecimiento y, por extensión, las mejoras sociales que se deben abordar.

Las previsiones económicas no son buenas debido a la pandemia de la COVID_19. Se espera una fuerte contracción de la economía mundial y una gran recesión que se deberá combatir precisamente con mayor solidaridad entre los países y unas empresas enfocadas en la responsabilidad social.
Precisamente la UE ha desarrollado en los últimos años nuevos criterios de tipo ambiental y social en todo lo relativo a la contratación pública y deberán ser las empresas las que, de forma responsable, cumplan con su obligación de desarrollar su actividad económica de tal manera que generen un aumento de los beneficios y del crecimiento más sostenible, apostando por nuevas oportunidades de mercado y buscando un valor para sus accionistas que se traduzca en responsabilidad y compromiso con sus grupos de interés.

Ya en el marco de la estrategia europea Europa 2020 y en el Informe 2008 de la Comisión Europea sobre competitividad, quedaba patente el vínculo entre RSE y competitividad ya que la confianza, la innovación, la eficiencia y la gestión del riesgo están íntimamente ligados a ambos conceptos. Numerosos estudios han demostrado que las empresas más responsables son más competitivas fruto de una mayor confianza de sus empleados, sus clientes y sus proveedores.

Pero solo si los ciudadanos, las empresas, las universidades, los interlocutores sociales y los gobiernos colaboran se podrán superar los nuevos retos que nos ha traído la COVID-19 y que se suman a algunos ya detectados como la producción de alimentos, la movilidad, la edificación o la economía circular. Estos nuevos retos se derivan de un cambio en la demografía y por lo tanto en la forma de comportamiento de los ciudadanos a partir de ahora. Europa tiene mucho trabajo por delante para orientar a los Estados y que todos los ciudadanos perciban ese esfuerzo y la necesidad de contar con unas instituciones europeas fuertes, que escuchen a los ciudadanos y que a la vez les propongan los cambios necesarios para garantizar su seguridad, su salud y todos los derechos democráticos conseguidos en estos últimos 70 años.

La integración es un reto pendiente en la UE y las propuestas en la Agenda 2030 pasan por una mayor presencia de actores para el desarrollo provenientes del sector privado. La inversión en educación, salud e igualdad serán claves para evitar desigualdades entre ciudadanos de los diferentes países y el papel de las empresas es relevante para conseguirlo. Ahora las personas, más que nunca, deberán estar en el centro de todas las decisiones que se tomen, ya sea desde el ámbito público o privado, porque la pandemia ha dejado claras cuáles son las prioridades.

Hemos visto cómo determinados sectores económicos se han “parado” literalmente, cómo los ciudadanos se han confinado en sus casas y cómo han surgido con fuerza herramientas como el teletrabajo. Pero lo más importante ha quedado demostrado que es la solidaridad y el apoyo mutuo, tener una estrategia clara y actuar decididamente. Allí dónde no se ha hecho así las consecuencias han sido nefastas. Europa superará esta crisis pero urge replantearse los objetivos prioritarios de la Agenda 2030 para que se proteja sobre todo a aquellos ciudadanos que se van a quedar sin empleo, a los que ya estaban en situación de vulnerabilidad y especialmente a los más jóvenes.

El compromiso de Europa con la responsabilidad social es ahora imprescindible. De su ejemplo y de las medidas que se tomen para promover en las organizaciones una nueva forma de gestionar basada en mejorar las relaciones con sus stakeholders dependerá en gran parte la salida con éxito de esta crisis. Los directivos, dueños, inversores, empleados, clientes o proveedores deben tender a un equilibrio en sus intereses y para eso ya no importa solo el qué se hace sino el cómo se hace de manera que se creen nuevos vínculos aún más sólidos que nos hagan a todos más comprometidos y resistentes.

De todos los escenarios posibles, quizás el más acertado sería que Europa liderara un camino hacia la responsabilidad social y la sostenibilidad mediante la sensibilización y el apoyo decidido a las empresas, sobre todo las pymes, para que realicen sus negocios de forma responsable. Las empresas deben ser conscientes del impacto que su actividad genera en los grupos de interés o stakeholders y por eso es necesario que se incorporen a su estrategia de negocio las preocupaciones de sus trabajadores, proveedores, colaboradores en general, de tal manera que contribuyan a mejorar su entorno.

Bibliografía:
Hacia una Europa sostenible en 2030. Comisión Europea. Bruselas, 2019.
Estrategia europea Europa 2020.
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. ONU, 2015.
Encuesta de información sobre responsabilidad corporativa “El camino a seguir”. KPMG, 2017.
Plan de acción nacional de empresas y derechos humanos. Gobierno de España, 2017.