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DEL WATCHDOG A LA JAURÍA MEDIÁTICA (I)

Artículo del Profesor Muñoz-Alonso, catedrático de Derecho Constitucional publicado en El Imparcial y reproducido en este blog con su consentimiento.

España ha llegado a ser, en estos últimos tiempos, el ejemplo más cumplido y sin paralelo de eso que se llama la “democracia mediática”. Pero, acaso por las peculiares características de este país nuestro y de las gentes que lo habitamos o quizás por otros imprecisos azares, aquí se han magnificado todos los elementos negativos del modelo a costa de los positivos que, sin duda alguna, posee. La prensa libre e independiente nació casi simultáneamente con los modernos sistemas representativos y, desde luego, es coetánea con el parlamentarismo, primero inglés, después continental/europeo. Desde el primer momento, y sin que tuviera que atribuírselo ninguna norma constitucional, esa nueva prensa asumió un papel de crítica y control de la acción política y gubernamental, que denunció con acierto los abusos y errores que se cometían tanto en ese ámbito político, como en otros espacios de la sociedad. Esa función se concretó en la imagen del “watchdog”, el perro vigilante que, con sus ladridos, advierte de los fallos y de las equivocaciones y denuncia los excesos y las arbitrariedades. Pero también desde el primer momento se percibió que algunos periódicos hacían un uso vicioso y destemplado de esa función pública que la sociedad les había asignado, extralimitándose en su ejercicio hasta intolerables extremos. Thomas Jefferson que, antes de llegar al poder, había pronunciado aquella famosa frase de “prefiero periódicos sin gobierno a gobierno sin periódicos”, una vez convertido en el tercer presidente de los Estados Unidos, víctima de una furiosa e injusta campaña de prensa, se quejaba ya de los abusos con que se practicaba la recién nacida libertad de prensa. En una carta que escribió en 1807, desengañado por los brutales ataques periodísticos de que era objeto, escribió: “Nada se puede creer de lo que se lee ahora en un periódico. La verdad misma se vuelve sospechosa al colocarse en ese instrumento contaminado”. Y llegaba a la melancólica conclusión de que “una persona que nunca eche una mirada a un periódico está mejor informada que quien los lee, del mismo modo que el que no sabe nada está más cerca de la verdad que aquel cuya mente está llena de falsedades y errores”. Algunos años después, Alexis de Tocqueville, visitando aquella primera y bullente democracia escribía: “La prensa es esa potencia extraordinaria, tan extrañamente compuesta de bienes y males que sin ella la libertad no podría vivir, y con ella apenas puede mantenerse el orden”. Ya más cerca de nosotros, el mítico editor de The Washington Post en la época del escándalo Watergate, Benjamin D. Bradlee, recientemente fallecido, constataba, seguramente un tanto resignado, que “la libertad de prensa incluye la libertad de equivocarse e incluso la libertad de ser irresponsable”. Y esta situación de patente e impune irresponsabilidad se ha desmadrado hasta extremos inimaginables cuando los medios audiovisuales, sobre todo la televisión, han monopolizado, de hecho, la información y el debate políticos. Por no hablar de la revolución digital en marcha, que permite el acceso a la información en tiempo real y sin aludir a la cloaca, mezcla de ignorancia y mala leche, en que parecen recrearse las redes sociales. Lo que no se ha producido en España -a diferencia de otras democracias- es el menor atisbo de crítica o autocrítica de los medios. Ni éstos han llevado a cabo esa tarea de introspección y análisis de su comportamiento (ahora que tantos periodistas se autotitulan “analistas”) ni, salvo en muy escasa medida, la Universidad o la propia sociedad se han ocupado o atrevido de acometer tal tarea. Los periodistas no lo hacen (“perro no muerde a perro”) y a los demás les paraliza el miedo al poder de los medios. A mediados de los noventa -y con motivo de una campaña electoral que había sido especialmente negativa por los métodos que se utilizaron- la revista Newsweek, que ahora lucha por sobrevivir, llegó a considerar a los mass media, como los llaman por allá, “el enemigo público número uno” y los acusó de ser “una fuerza destructiva de la vida americana, más interesados en demoler que en facilitar la información que la gente realmente necesita conocer”.

Poco después, un conocido y estimado periodista, James Fallows, publicó un libro Breaking the News, cuyo subtítulo es todo un editorial: “Cómo los medios socavan la democracia americana”. Denunciaba Fallows la pérdida de los valores del periodismo clásico, esencialmente la búsqueda de información útil para el público, desplazados por una cobertura cínica y negativa de la política y acusaba a los medios de hacer su tarea con una dosis excesiva de superficialidad y frivolidad. Comentando aquel libro yo escribí que “si los periodistas norteamericanos son resistentes a las críticas, los españoles están acorazados y son absolutamente reacios a cualquier autocrítica”. Esa actitud ha crecido ahora exponencialmente. ¡Hay que ver el trabajo que les cuesta a los medios españoles rectificar las numerosas falsedades o inexactitudes, voluntarias o no, que diariamente publican! Por no hablar de esa indigesta mezcla de información y publicidad con que ahora algunos medios nos obsequian.

También en Francia se han registrado algunas saludables críticas. Dominique Wolton, un gran especialista en comunicación, se ha quejado de la “deriva” que nos ha conducido a la “hipermediatización” de la realidad y a la importancia exagerada atribuida a los sondeos que se toman como expresión natural de la opinión pública, cuando no son más que “la respuesta de ésta, en unas condiciones muy particulares, a una cuestión planteada por quienes encargan la encuesta” y, podríamos añadir, al servicio de sus particulares intereses, políticos o económicos.

Otro bien conocido autor, Alain Minc, muy relacionado con el mundo de los medios, se quejaba de que “la legitimidad ha cambiado de sentido: pertenece más a los medios que a los políticos”. “El duelo es desigual –continuaba- entre el hombre público y el periodista. Para el segundo prevalece una cuasi impunidad. Para el primero, por el contrario, la sanción psicológica es instantánea”. Y describía “un nuevo tipo de hombre público, inquieto ante el juez, angustiado por los medios, obsesionado por la opinión”. Se quedaba corto Minc, con lo de la “sanción psicológica” pues ahora los medios piden sangre o, como mínimo, cárcel inmediata.

Joaquín Leguina, uno de esos lúcidos políticos que desaprovecha el socialismo, se preguntaba el domingo en una entrevista, respondiendo al nuevo deporte nacional de la cacería del político que con tanto gusto y saña practican no pocos periodistas: “¿Por qué no fusilan a los políticos al amanecer y así se ahorran la pensión?”

En ese género desigual y proteico que son las tertulias -en las que, por cierto, siempre se ve y se oye a los mismos- demasiado a menudo, se parte de la premisa de que los políticos no tienen derecho ni a la presunción de inocencia –aunque hipócritamente no se deje de aludir a la misma- ni tampoco, por supuesto, derecho alguno a lo que se denominan “bicocas” o “inaceptables privilegios”, en forma de ordenadores, móviles, taxis o viajes como es habitual en todos los Parlamentos de Europa occidental. La nefasta tradición inquisitorial renace con frecuencia en nuestro país. Estos nuevos inquisidores no parecen haberse dado cuenta de que los parlamentarios españoles renunciarían son gusto a todas esas “bicocas” si se les diera un sueldo comparable al de su colegas de nuestro entorno, que a veces no acaban de creerse lo “privilegiados” que están sus homólogos en España. ¿Se han parado a pensar que mientras el Senado de España tiene un presupuesto de poco más de 50 millones el Senado francés dispone de diez veces esa cantidad? Claro que, para estos eximios especialistas en derecho constitucional comparado, tal comparación no tiene sentido porque habría, sin más, que suprimir el Senado. ¡Si lo sabrán ellos!

Dejamos para la semana que viene proseguir la reflexión sobre esta patológica situación de nuestra democracia que con el pretexto de la lucha contra la corrupción, que a todo bien nacido asquea -y que es especialmente repugnante cuando afecta a quienes, engañosamente y a la busca delictiva de sus propios intereses, se han dedicado al servicio público- se ha arrojado la sospecha sobre tanta gente honrada que trabaja por España y por sus conciudadanos. Desde fuera del sistema se ha acuñado esa despectiva expresión de “la casta” que busca no solo desacreditar a los políticos, a todos sin excepción, sino a las instituciones, a las que ya se declara, caprichosamente, caducas.

Y lo peor es que periodistas de todos los colores aceptan esa despectiva denominación y se han sumado a esa manifestación con un entusiasmo tan ruidoso como desconcertante. Alejandro Muñoz-Alonso