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Los ciudadanos queremos una Justicia ágil y eficaz

El último Consejo de Gobierno nos ha traido muchas novedades y muy positivas. Uno de los asuntos que preocupan a la sociedad española encuentra respuesta en la actuación del Gobierno de España. Se trata de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que ha dado su primer paso para definir un nuevo modelo de justica más moderno y sobre todo más ágil y eficaz que es lo que demandan los ciudadanos. Es un gran proyecto y para definirlo el Gobierno ha escuchado a todos los sectores implicados, asociaciones de profesionales y ciudadanos.

Nuestro sistema actual de Justicia data del siglo XIX y con esta nueva norma se transformará toda la organización judicial española para solucionar los problemas que todos conocemos: lentitud, burocracia, acumulación de expedientes, mala organización, etc.

No basta con tener buenos Jueces, Magistrados, Secretarios Judiciales, funcionarios especializados en la administración de Justicia. Hace falta que estos profesionales tengan los instrumentos adecuados para que el sistema sea ágil a la hora de resolver los conflictos y que éstos no se eternicen años en los Juzgados. Siempre he dicho que si funciona Hacienda debe funcionar la Justicia con igual agilidad. Si Sanidad es capaz de encontrar un tratamiento a nuestros males y proceder a su ejecución en cuestión de días o meses igualmente la Justicia debe solucionar los conflictos de cualquier índole que se plantean en todos los órdenes y de eso trata esta reforma.

Este texto sustituirá al vigente, que desde su aprobación en 1985 ha sufrido más de cuarenta modificaciones. Entre las principales novedades figura la creación de los Tribunales Provinciales de Instancia, lo que implica una nueva estructura distinta a los actuales partidos judiciales pero en la que se mantienen todas las sedes existentes para optimizar los recursos. A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, los Tribunales Provinciales de Instancia funcionarán de forma acorde a un reparto provincial de asuntos.

Con su creación se pretende acabar con las desigualdades que se producen actualmente entre juzgados por las distintas cargas de trabajo, tras haberse demostrado que la creación de otros nuevos no proporciona una solución definitiva al problema.

Estructura del Tribunal Provincial de Instancia

Cada Tribunal Provincial de Instancia (cincuenta más Ceuta y Melilla, que tendrán el suyo propio) contará con cuatro Salas, una por cada orden jurisdiccional: Civil, Penal, Contencioso y Social. Cada Sala dispondrá de Unidades Judiciales (los jueces unipersonales) y Secciones, cuando el conocimiento de un asunto por su relevancia se atribuya a un colegio de al menos tres jueces.

Tribunales Superiores de Justicia

Los Tribunales Superiores de Justicia seguirán siendo los órganos judiciales a nivel autonómico, pero ven ampliadas sus competencias porque asumirán las que tenían las Audiencias Provinciales en apelación en materia civil y mantendrán las que tenían en contencioso y social. También serán los encargados de conocer los recursos de casación en derecho autonómico y continuarán encargándose de investigar y juzgar a los aforados que les atribuyan los correspondientes Estatutos de autonomía.

Aforados

Otra novedad relativa a los aforados es que, aunque abandonen el puesto que les dio esa condición, seguirán siendo enjuiciados por el tribunal que les correspondía por ella, tal y como recogen ya algunos Estatutos de Autonomía, cuando el delito hubiera sido cometido en el ejercicio del cargo. De esta forma se evitarán los retrasos en la instrucción que suponía que dejaran el escaño con la investigación ya avanzada.

Letrados de la Administración de Justicia

Los secretarios judiciales pasarán a denominarse Letrados de la Administración de Justicia para adecuarse de forma más precisa a sus funciones, aunque se mantienen los cargos de secretario general de la Administración de Justicia, secretario de Gobierno y secretario Coordinador Provincial. Junto con el cambio de nombre, se fortalece su posición al establecer por Ley su responsabilidad como gerentes de la Oficina Judicial.

Al igual que ocurre con los jueces, se suprimen las categorías de la carrera. Como principal novedad, en su régimen sancionador se incorpora la sanción de multa de hasta seis mil euros para infracciones leves y graves.

Agosto será hábil

El Anteproyecto incluye que su periodo de actividad será de todo el año, declarando hábil el mes de agosto para la realización de aquellas actuaciones que prevea la correspondiente ley procesal y cuya demora, en todo caso, pueda causar perjuicios irreparables o afectar al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

Los principios básicos en los que se basa la nueva Ley del Poder Judicial:

1.INDEPENDENCIA: se revisará el ejercicio de la potestad jurisdiccional, para garantizar la independencia de todos nuestros jueces.

2.COHERENCIA: para lo que se reforzará el papel del Tribunal Supremo.

3.PROFESIONALIDAD: de todos miembros del poder judicial.

4.FLEXIBILIDAD: para adaptar el sistema a las condiciones sociales que lo requieran.

El eterno problema de las fronteras

“La regulación de las fronteras es un reto común, no se puede mirar para otro lado, la inmigración es un problema del conjunto de la UE: Lampedusa,Ceuta y Melilla son también fronteras de Alemania y Bruselas” (Ramón L. Valcárcel, desayuno informativo Europa Press 27/02/2014)

Las noticias de hoy sobre las fronteras de Ceuta y Melilla son inquietantes. Hablan de un nuevo asalto masivo de 200 inmigrantes a través de la valla lo que en sí no es nada nuevo. Lo que sí lo es es que 30.000 personas aguardan en los campamentos cercanos malviviendo para hacer lo mismo y las mafías les están aconsejando que lo hagan ahora que, a la vista de Europa, los desafortunados incidentes de hace unas semanas en los que se ahogaron varias personas cruzando la frontera por el mar han puesto en entredicho la labor de la Guardia Civil.

He leído que esas personas que se ahogaron en aguas marroquíes estuvieron en el agua varios días hasta que salieron a flote. La intención de los vecinos estaba clara: que las corrientes arrastraran los cuerpos a tierra española. Hasta alguna burócrata de despacho en Bruxelas se ha indignado (no más que cualquiera de nosotros) con lo ocurrido pero es muy fácil hablar desde tan lejos. Mejor hubiera hecho personándose en Melilla y viendo en qué condiciones las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado ejercen su labor para proteger nuestras fronteras.

Porque allí arriba, en Alemania o en Bélgica no entienden que Lampedusa, Ceuta y Melilla son la puerta de entrada a Europa. Lo venimos diciendo mucho tiempo. El Estado Español gasta al año 10 millones de euros en vigilar esta frontera, los ciudadanos de Melilla y Ceuta son los que conviven con esta presión todos los días, son los impuestos de todos los españoles los que costean los gastos de atención sanitaria y manutención de estas personas en el centro de internamiento de inmigrantes, y ningún digno mandatario de la Comisión Europea que yo sepa ha pasado por allí.

Mientras los ciudadanos de las dos ciudades autónomas españolas, las ong´s y las autoridades locales hacen lo que deben hacer. Pero al centro de internamiento llegan muchos más de la capacidad para la que está preparado. Sus responsables están pidiendo ya tiendas de campaña al ejército para mantener las elementales medidas de seguridad, sanidad y alimentación.

Y desde luego no debemos olvidar el negocio de las mafias que están haciendo de efecto llamada a los más de 40.000 subsaharianos que esperan llegar a estos campamentos en los próximos meses. Recuerdo que este tema fue uno de los abordados en la visita del presidente Rajoy a Marruecos. Desde allí también se ven desbordados por la llegada de personas que anhelan pisar tierra española. Pero la solución no es dejar entrar a estas 70.000 almas, porque al día siguientes tendríamos 70.000 más.

Hoy leo en la prensa: “Interior alerta de que la división y las críticas internas son el mejor regalo a las mafias de inmigrantes”. Para pensar.

<http://www.elmundo.es/espana/2014/03/01/5311f79ce2704e3a7a8b4573.html>

La solución es que Europa en su conjunto tome medidas para ayudar a los países subdesarrollados a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Mientras unos nos quejamos de la lista de espera quirúrgica otros no saben lo que es un médico y mucho menos una escuela o una carretera.

Es paradójico que a escasos tres meses de unas elecciones europeas donde el llamado “euroescepticismo” está calando hondo en muchos ciudadanos europeos, miles de personas subsaharianas o marroquíes, arriesgen su vida por cruzar la frontera que nos separa de África.

Es inquietante y preocupante que en Ucrania cientos de personas hayan perdido la vida en unas protestas para reivindicar su derecho a ser europeos mientras en muchos países europeos reniegan de la bandera azul. Parece que el valor de las cosas, como casi siempre, se aprecia más fuera que dentro.

Todos debemos comprometernos a cambiar El Sistema

Me resulta especialmente agradable poder hablar con alguien sobre política y actualidad contrastando opiniones y planteando respuestas a los problemas que todos conocemos. Cuando además esa persona conoce una realidad diferente a la mía como es la Administración Pública me interesa sobremanera su opinión sobre qué está pasando exactamente en ese sector y eso es lo que he podido hacer hoy, tener una charla bastante informal con una funcionaria de Justicia, una mujer inteligente, educada y con muchos años de experiencia.

Me contaba que son muchos los funcionarios que creen que las cosas tienen que cambiar. Hay muchos empleados públicos que tienen una enorme capacidad de trabajo, ganas de mejorar la Administración para prestar mejores servicios a los ciudadanos, que todos los días se esfuerzan por ser productivos y arrimar el hombro. Yo he tenido la suerte de trabajar con muchos de ellos. Conozco incluso a quienes que se llevan carpetas llenas de papeles a casa los viernes y vuelven los lunes con sus informes en el portátil. Me hablaba la funcionaria de que la productividad no se mide por horas de presencia sino por el trabajo que se resuelve. Eso es así en todas partes y en la Administración no puede ser de otra forma.

No puede ser que en los países del Norte de Europa te miren mal los compañeros si no cumples con tu trabajo y aquí, en España, es politicamente incorrecto llamar la atención a un funcionario que no pega chapa porque te puede hasta denunciar al sindicato. Igualmente hemos hablado del enorme esfuerzo económico que se ha hecho en la última década en Sanidad y en Educación y sin embargo la Justicia ha sido el patito feo. ¿Por qué? Ninguna de las dos lo sabemos pero estamos de acuerdo que faltan medios para que el sistema judicial sea todo lo eficaz que exigen los ciudadanos.

Precisamente ahora que tanto se habla de corrupción, de que los corruptos deben ser juzgados y condenados, yo también pediría como muchos funcionarios que el sistema cambie para ganar en eficiencia, calidad y eficacia. Pero también pediría que desde dentro del propio sistema se deje de mirar hacia otro lado cuando alguien no cumple con su obligación. Y esto lo aplico también a todos esos otros sistemas que no funcionan como deberían porque si fuera así no estaríamos en la situación actual. Y me refiero al sistema que yo sí conozco desde dentro, al sistema político.

Porque si alguien tiene que dar ejemplo a los ciudadanos debemos ser los políticos y los funcionarios públicos. Ambos estamos condenados a entendernos porque trabajamos juntos para que el sistema gire. Los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, necesitan de funcionarios y políticos para cumplir las funciones que marca nuestra Constitución. He oido varias veces últimamente que “las cosas se tienen que poner muy mal para que se pongan bien” y yo creo que debemos llegar hasta el final para limpiar, sanear o como queramos llamarle, este Sistema nuestro. Pero sin olvidar que todos somos responsables porque el exceso de gasto, el fraude, la picaresca, la corrupción, el engaño, la dejadez o la falta de responsabilidad se ha dado en todos los ámbitos, en todos y cada uno de los rincones que tenemos a nuestro alrededor.

No podemos vivir con un policía o un inspector en cada esquina, eso es imposible económicamente hablando y además sería una degeneración del Sistema aún mayor. Por eso es necesario recuperar los valores que nos harán más fuertes frente a los males de los que ahora tanto nos quejamos. Y, por favor, no me vale que los únicos responsables de inculcar esos valores sean los profesores sino que debemos de ser todos nosotros los que apostemos por el respeto a los demás, por la honradez, por la responsabilidad, por el compromiso y por la libertad.

Un 10 para los ciudadanos

La verdad es que se están haciendo muchos esfuerzos por algunos para que los ciudadanos se saturen de determinada información que aún siendo importante intenta desviar la atención de las medidas que se están tomando para salir de esta nefasta crisis.

Hoy podemos comprobar que la emisión de deuda pública de nuevo ha cubierto las expectativas y eso a pesar de que se ha tenido que pagar un interés algo más elevado con respecto a la última subasta. También vemos que nuestro Presidente Rajoy se ha reunido con Monti y Hollande antes de la cumbre europea para marcar una estrategia que permita conseguir más fondos europeos dedicados a la recuperación económica y a la creación de empleo.

Además el Gobierno ha presentado en el Congreso el proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y así proteger a los colectivos más vulnerables y que más sufren los efectos de la crisis. Esto se suma a la paralización de los desahucios y al acuerdo para proteger a las familias más necesitadas mediante alquileres sociales.

Las medidas que ahora se proponen son limitar los intereses de demora que exigen las entidades de crédito y los plazos de amortización de la deuda a 30 años. Para ello se reforzará el control sobre la actividad de tasación y su independencia con las entidades de crédito.

También se va a ampliar el Código de Buenas Prácticas hipotecarias que aprobamos el año pasado para que más personas puedan beneficiarse de sus ventajas, como la reestructuración de deuda o la dación en pago, ampliándose el umbral de ingresos que ahora está en 16.000 euros anuales.

Además el proceso de desahucio no podrá comenzar hasta el tercer impago del deudor y no con el primero como sucede ahora. Y si el banco obtiene una plusvalía al vender la vivienda tendrá que reducirla de la deuda.

El juez tendrá asi mismo la posibilidad de condonar la deuda que exceda del 75% a aquellos deudores de buena fe que no puedan pagar por causas imprevistas a partir del quinto año de vida de la hipoteca.

En definitiva, el Gobierno y el Partido Popular seguiremos impulsado las medidas necesarias para ayudar a las personas que más sufren con esta crisis y nadie nos va a distraer de este compromiso. Somos conscientes del malestar de los ciudadanos que, por cierto, están demostrando mayor sentido de la responsabilidad que el Psoe y todos los que se esfuerzan por agitar la calle, intentando que el Gobierno se entretenga en otras cosas.

Pero… se han leido la LOMCE?

Estoy siguiendo con mucho interés el primer día de huelga en Secundaria convocada por el Sindicato de Estudiantes y parece que los datos que ofrecen el Ministerio de un seguimiento del 20% de seguimiento y el mencionado sindicato que habla de un 80% no deja lugar a duda de que nunca sabremos el seguimiento real.

De los más de 1.800 centros públicos de Educación Secundaria, como era de esperar, donde más se ha secundado es en Andalucía porque se trata de parar una ley de un Ministro del PP, faltaría más. Con la consigna #paramoslalomce los estudiantes dicen que van a defender la enseñanza pública y a protestar por el Anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, conocida como LOMCE.

Yo recuerdo mi época de estudiante en el IES Licenciado Francisco Cascales y era oir que había huelga y la mayoría de los alumnos optábamos por ahorrarnos el dinero del autobús y quedarnos durmiendo tranquilamente. No recuerdo desde luego que ni siquiera alguién se molestara en explicarnos de qué iba porque la simple convocatoria era un buen argumento para que los padres diesen la tan ansiada licencia para dormir. El seguimiento siempre estaba garantizado por mínimos.

No creo que hayan cambiado mucho las cosas, bueno sí, ha cambiado que ahora el fracaso escolar es tan bestial que es imprescindible reformar una legislación educativa para que se procure una educación de calidad a nuestros estudiantes de secundaria que no acaban la ESO y están tan desmotivados por estudiar, cuando precisamente en una situación de crisis como la que vivimos solo los más preparados, solo los mejor formados podrán optar a un puesto de trabajo en el futuro próximo.

Las movilizaciones de esta semana cuentan con el apoyo de IU, la Federación de Asociaciones de Estudiantes (Faest) y la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública, de la que forman parte los sindicatos FECCOO, FETE-UGT, STES y CGT, así como los padres de Ceapa. Es decir, se une una vez más toda la izquierda que ha venido impulsando leyes como la Logse y que nos ha llevado a la situación que vivimos. Una izquierda autodenominada progresista que no ha sido capaz de actuar en los últimos años frente a los datos que nos sitúan a la cola de toda Europa en conocimiento y en calidad educativa.

Creo sinceramente que la mejora en la educación de nuestros jóvenes pasa por motivar a los educadores, a esos profesores que se deben dedicar solo a enseñar desde la mejor formación para desarrollar su trabajo y con las mejores herramientas.

Desde luego el ministro Wert no se ha podido reprimir y ayer arremetió contra los padres que apoyan la huelga porque según él los progenitores tienen la obligación de proporcionar a sus hijos la mejor educación y no hacer política.

La denominada “semana de lucha” de estudiantes y familias incluye también manifestaciones el miércoles por la mañana y el jueves por la tarde y no solo para que se retire el Anteproyecto de ley sino también para protestar por los “recortes sociales”. Era lógico que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, dijera ayer que la huelga tiene un “contenido político extremista” y era una medida “irresponsable”.

Desde luego si estamos de acuerdo en que en la última década se ha gastado más dinero en educación en España que nunca y esto es directamente proporcional al fracaso escolar pues entonces la calidad de la educación no es el dinero sino los métodos, la formación del profesorado, la programación, los planes de estudio, etc.

Una educación igual para todos, no 17 sistemas educativos diferentes, con el objetivo de reducir el fracaso y el abandono escolar es lo que España necesita.

Próximo Debate del Estado de la Nación (I)

Los próximos días 20 y 21 se va a celebrar el Debate del Estado de la Nación. Sin duda el Gobierno además de preparar una memoria detallada de lo que ha venido haciendo en su primer año de mandato también está preparando sus propuestas. El Presidente tendrá que hablar más de futuro que de pasado porque es lo que quieren los españoles, tan necesitados de esperanza para superar el paro, la incertidumbre económica y la crisis social que atravesamos.

Entre esas propuestas reivindicadas por los ciudadanos hay una que además es una demanda de todos los que formamos el Partido Popular. Quisiera recordar que ya en el año 2009 Rajoy le presentó al entonces Presidente Zapatero un pacto anticorrupción que sin embargo nunca llegó a materializarse. Ahora es el momento de retomar esa propuesta y hacerla efectiva. Llegados a este punto pueden ocurrir dos cosas: que el Psoe no lo considere conveniente como ocurrió en esa otra ocasión o que estén dispuestos desde la oposición a llegar a un pacto que permita ser más contundente e intransigente con esta lacra que tanto daño nos hace a todos, a los ciudadanos en general y a España en particular.

Parece ser que el Presidente, no contento con la reciente reforma del Código Penal que incluye la sanción a las conductas de ocultación, simulación y falsemiento de las cuentas públicas, quiere aprobar nuevas medidas que endurezcan aún más las penas para los corruptos. Así se contemplará en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que se está tramitando ya en Las Cortes.

Esta nueva Ley de Transparencia exige a los gestores públicos que cumplan con unos principios de buen gobierno porque de no hacerlo podrán ser sancionados e inhabilitados. Así que esto se sumará a las medidas ya aprobadas de transparencia en las cuentas de los partidos políticos que tienen que ser publicadas tras su fiscalización por el Tribunal de cuentas. Por cierto al Partido Popular nunca se le ha condonado un préstamo bancario algo que no pueden decir otros.

Desde luego nadie podrá negar que las reformas que en esta X Legislatura está tomando el Gobierno son las más duras jamás aprobadas para perseguir y sancionar las conductas de corrupción política quieran o no reconocerlo quienes gritan y gritan dándose golpes en el pecho pero que no hicieron nada parecido cuando tuvieron la oportunidad.

El PSOE hace demagogia con las tasas judiciales

Siguen desde algunos ámbitos: el Psoe lo acaba de hacer en el Pleno del Senado, creando confusión sobre la nueva Ley de tasas judiciales y creo que merece la pena traer aquí algunas aclaraciones.

La demagogia sobre si se perjudica a las mujeres maltratadas y a los discapacitados es indigna de quienes saben perfectamente que siendo necesarias medidas para que la justicia sea más eficaz y más rápida no dudan sin embargo en sede parlamentaria lanzar infamias sobre si las nuevas medidas perjudican a las víctimas de violencia de género cuando la nueva ley amplía las exenciones a éstas, a víctimas de terrorismo o abuso con independencia de sus recursos.

Pues bien en primer lugar hay que decir que los procesos penales ni antes ni ahora están sujetos a tasas judiciales y que estos suponen un 72% del total y aquí se incluyen todos los procesos por violencia de género.

Pero además las mujeres que denuncien por maltrato verán como novedad de esta nueva ley que no pagarán ni abogado,  ni procurador, ni peritaje, ni pagaran tasas ni cualquier otro gasto en procesos civiles en los que tengan que intervenir como víctimas de violencia.

La propuesta de esta reforma es elevar el umbral de beneficiarios a quienes cobren menos de 2,5 veces el IPREM: 15.975 euros.

Tampoco se pagarán tasas en la primera instancia del orden social y en segunda instancia, si quien recurre es el trabajador, la cuantía de la tasa se reduce un 60%.

Asimismo estarán exentos de tasas los procesos sobre la protección de derechos fundamentales y en la jurisdicción civil, los juicios monitorios y los verbales si son inferiores a 2.000 euros.

Además están exentos los proceso de capacitación, filiación y menores. Y estando el importe de la tasa  incluido en las costas  se reembolsarán si los tribunales dan la razón a quien inició el procedimiento.

Las tasas persiguen acabar con el abuso y las prácticas dilatorias y no son la única iniciativa del Gobierno para reducir la litigiosidad. Se ha aprobado ya la Ley de Mediación con el apoyo de otros grupos parlamentarios y está en marcha la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Quizás también interese aclarar aquí que los casos de divorcios quedan exentos de las tasas aquellos procesos en los que se decida la guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos. La tasa en los casos de divorcio es de 150 euros.

Además, según el Código Civil se prevé que cuando un cónyuge carezca de bienes propios suficientes, la pareja está obligada a sufragar el coste de todo el proceso: tasas, abogado y procurador. Una previsión que es importante recordar cuando tales procesos de separación o divorcio tienen lugar en casos de violencia de género contra la mujer.

Por supuesto, si no tienen recursos se beneficiarían de la justicia gratuita.

Espero que os sea de interés y aclare un debate mal intencionado porque somos el país del entorno europeo con tasas judiciales más bajas.