Archivo de la categoría: Justicia y Leyes

Leyes más duras frente al terrorismo 

Ayer fue un día muy duro para todos. Desde las 5 de la tarde estuve pegada a Twitter y viendo la tele, un horror que te encoge una vez más el corazón. Desde este espacio quiero dar el pésame a las familias de los fallecidos, madres, niños, abuelos… todos rotos. Y a los heridos desearles una pronta recuperación. 

Mi pequeña reflexión sobre la necesidad de unas leyes más duras para los que preparan, organizan, promueven o financian el odio y el terror, los fundamentalistas, yihadistas o como se hagan llamar. Han pasado 13 años desde el atentado de Atocha pero no ha sido porque no lo hayan intentado. La lucha antiterrorista en España ha frustrado muchos atentados. El de ayer se esperaba. Cataluña es un territorio donde parece que los yihadistas lo tienen muy fácil. 

Creo que es una labor de la Unión Europea garantizar la paz y la seguridad que es precisamente el fin para el que se creó en origen después de la II Guerra Civil. Lo de las subvenciones y los proyectos está muy bien pero no me sirve si mis hijos no pueden ir de vacaciones y hacer turismo, bailar en una discoteca o pasear libremente sin miedo. 

El terrorismo yihadista no puede ser afrontado por un solo país y lo que es más grave, por unos pocos partidos políticos. No se puede permitir que en democracia se justifique un atentado o a quienes lo hacen se les llame víctimas. No hay un terrorismo bueno y otro malo y ayer leí a Otegi preocuparse por las víctimas de Barcelona cuando ha justificado las casi 1000 víctimas de eta (me niego a ponerles mayúsculas). 

<http://www.telemadrid.es/noticias/nacional/noticia/el-terrorismo-yihadista-vuelve-golpear-espana-13-anos-despues-del-11m>

Unidad si, cooperación institucional también, velas y oraciones por las victimas siempre. Pero sin leyes que persigan y castiguen contundentemente a terroristas fundamentalistas el trabajo de la policía y todos los demás fuerzas y cuerpos de seguridad no estará completo. 

Los ciudadanos debemos exigir seguridad por encima de todo. Yo me sentiré más libre si me siento segura  que con miedo.  <http://www.eldiario.es/sociedad/TEDAX-acuden-explosion-siguen-desescombro_0_676832533.html>

MJN 

Turno de oficio para los Graduados Sociales

Doy fe de que “no ha sido un camino de rosas” el que hemos tenido que recorrer los Graduados Sociales para llegar hasta aquí. Me refiero a las declaraciones del Presidente del Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Murcia que hace unos días declaraba que con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil se permitirá al colectivo atender causas al mismo nivel que abogados y procuradores.

<http://www.laverdad.es/murcia/201602/08/turno-oficio-abre-puerta-20160208080619.html>

Precisamente una de las últimas leyes aprobadas en las Cortes Generales cuando acababa la X Legislatura fue la reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, aprobada por Ley 42/2015, de 5 de Octubre, que en su Disposición Final Undécima encomienda al Gobierno para que, en el plazo de un año, regule la capacitación profesional exigida a los Graduados Sociales de tal manera que se posibilite su acceso al sistema de representación técnica gratuita, el denominado “turno de oficio”.

No debe entenderse que los Graduados Sociales van a hacer funciones de otros profesionales sino que los profesionales de la abogacía y de las relaciones laborales tienen el mismo rango académico y por el plan de estudios de las antes denominadas licenciaturas y ahora grados, se colocan a ambas profesiones en el mismo nivel académico. Actualmente tanto el Grado en Derecho como el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos cursan cuatro cursos.

En nuestro actual ordenamiento y, concretamente, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en sus artículos, 497, 498, 544, 545 y 546 existen tres profesiones que tienen el rango de operadores jurídicos: los abogados, los Graduados Sociales y los procuradores, todos con colegiación obligatoria y figuras procesales para actuar en los Tribunales, incluyendo a los Graduados Sociales ante los Tribunales Superiores de Justicia junto con Abogados, cosa que anteriormente no lo eran, para confeccionar los Recursos de Suplicación en la Jurisdicción del Orden Social.

Somos en definitiva diferentes profesionales cuyo fin es resolver los problemas y conflictos de las personas pero cada uno con una especialidad en cada área de la Justicia.

El acceso al turno de oficio de los Graduados Sociales ha sido una reivindicación de muchos años y ahora definitivamente y después de un largo proceso legislativo se ha convertido en un mandato de las Cortes Generales, que representan la soberanía popular, y el próximo Gobierno tendrá que cumplirlo y desarrollar la normativa necesaria para que esto sea una realidad. Tengo que decir aquí en honor a la verdad que la labor de muchos compañeros y especialmente la de José Blas Fernández Sánchez, senador del Partido Popular por Cádiz, ha sido decisiva.

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Hemos luchado mucho porque los ciudadanos tengan los mismos derechos de acceso a la justicia gratuita en los tribunales de índole social o mercantíl y no solo como hasta ahora venía siendo en exclusiva para los juicios civiles o penales. Como ha dicho mi compañero y amigo Pepe Blas: “Esto es de justicia y sentido común”.

Los Graduados Sociales hemos llevado a gala siempre serlo. Allí donde estamos luchamos por la Justicia Social y estamos orgullosos de ser ante todo profesionales que velamos por defender los derechos de trabajadores, empresas y organizaciones.

Os dejo el video de la Cena de Hermandad del Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Murcia donde intervengo para, en nombre de todos los compañeros que recibimos la medalla de bronce y de plata, felicitarnos por este gran logro y como colegiada también quiero felicitar al Consejo y a su Presidente, José Ruiz, por su trabajo para conseguirlo.

<https://www.youtube.com/watch?v=A_0SComI2YM>

María José Nicolás Graduado Social Grado Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Violencia de género: un problema de todos

Creo que hay determinados temas sensibles para todos que no deberían utilizarse en política si no es para aportar algo realmente importante y definitivo. Hace muchos años el Jefe de Policía Nacional de Murcia dijo en un Auditorio ante la atenta mirada de 2000 mujeres algo que no he olvidado: “La violencia de género no se arregla con ninguna ley”. Más tarde, el diario ‘El País’ decía en enero de 2011: “Con o sin orden de protección, las mujeres siguen muriendo y el sistema judicial y policial se demuestra ineficaz para combatir esta lacra, pese a que España es uno de los países en que se producen menos crímenes por violencia machista”.

El tiempo ha demostrado que las leyes contra la violencia han ayudado y protegido a muchas mujeres y castigado a los maltratadores pero no se ha solucionado el problema.

No creo que echarnos en cara PP y Psoe lo que cada uno ha hecho cuando ha gobernado sirva para mucho. Recuerdo que el primer Plan de lucha contra la violencia lo puso en marcha el Gobierno del PP en 1998. Después las Comunidades Autónomas hicieron sus propias leyes en virtud de sus competencias en materia de igualdad pero la seguridad y la justicia siguen siendo en casi toda España competencia del Estado. Más tarde llegaron las Leyes de los años 2003 y 2004 aprobadas por unanimidad de todos los grupos políticos.

La Ley reguladora de la Orden de Protección del año 2003 aumentó la seguridad, la estabilidad y la protección jurídica tanto de las víctimas como de sus familias y la Ley de 2004 avanzó en la asistencia integral y en la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer.

Todas estas medidas nos han convertido en un país pionero pero siempre queda mucho por hacer.

No creo que ninguna mujer de izquierdas o de derechas pueda creer que defender la erradicación de la desigualdad y la violencia es cuestión de ideología. Porque esto es una cuestión de toda la sociedad y precisamente haberlo hecho visible entre todos es lo que nos ha permitido poner en marcha políticas transversales para luchar contra esta lacra. Quizás merezca la pena recordar algunas de las medidas más recientes como:

• España cuenta, por primera vez, desde 2013, con una Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer (284 medidas y 1.558 millones de euros), elaborada con el espíritu de diálogo reinante desde los primeros planes de los años 90.

• El Gobierno ha mejorado la atención integral y personalizada a las víctimas. Hasta el mes de junio de 2015, las llamadas al 016 han crecido un 10,6% con respecto al mismo periodo de 2014 y el servicio ATENPRO, que cuenta con más usuarias activas que al inicio de legislatura, ahora es accesible para víctimas con discapacidad visual o auditiva y se presta en más idiomas. Además, ha transferido 18,5 millones a las CC.AA. para asistencia a las víctimas y otros 19 millones a las ONG con las subvenciones del IRPF.

• Con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se han ampliado las competencias del Juez de Violencia sobre la Mujer a delitos contra la intimidad, la propia imagen y el honor de la mujer. Además, se han introducido nuevos delitos en el Código Penal.

• En el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016, el Gobierno mantiene el crecimiento de la cuantía destinada a la violencia de género con un aumento de 1,5 millones y una cifra total de 25,23 millones con el objetivo esencial de reforzar los proyectos asistenciales para las mujeres víctimas y sus hijos.

<http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/home.htm>

Educación Además, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa,LOMCE, y los Reales Decretos por los que se establece el currículo básico en Primaria, Secundaria y Bachillerato abordan la prevención de la violencia de género desde las edades más tempranas con contenidos asentados en la igualdad y en la prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas: desde Primaria a Bachillerato.

Asistencia jurídica Antes, las víctimas tenían asistencia jurídica gratuita en función de sus ingresos económicos. En cambio, desde la aprobación del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, tienen derecho a un abogado de oficio con independencia de sus recursos y no tienen que hacerse cargo del coste de las tasas judiciales.

Asimismo, el Proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita que está tramitándose en el Congreso de los Diputados reconoce que las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de sus recursos económicos, tienen derecho a asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia para que ésta sea lo más completa posible e incluya elementos probatorios que eviten sobreseimientos y archivos.

Más atención y empleo El Gobierno también ha reforzado el 016, que es más completo al incorporar el 016 online o la plataforma Svisual para mujeres con discapacidad auditiva.

También se ha mejorado el Servicio Telefónico de Atención y Protección a las Víctimas de la Violencia de Género (ATENPRO), que es ahora más accesible al estar adaptado a mujeres con discapacidad auditiva y dificultades visuales, y haberse ampliado a más idiomas.

Los contratos bonificados a víctimas han crecido un 56% esta legislatura. Solo en este último año un 15,8%. Asimismo, se mantienen intactas las ayudas para atender a las mujeres en situación de desempleo. Se han transferido en 2012 y 2013 un total de 3,5 millones de euros.

La Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género agrupa a 89 empresas y 2 entidades colaboradoras (Fundación Integra y Cruz Roja). El 5 de marzo Castilla la Mancha se adhirió a la iniciativa, también Extremadura Murcia y Galicia a lo largo del mes de Abril, que replicarán en su territorio con empresas de su ámbito territorial. A lo largo de 2014, se contrató a 744 mujeres a través de 1017 contratos. En 2015 ya son 339 las mujeres contratadas.

Menores víctimas Es necesario sacar de inmediato a los menores del círculo de la violencia y por eso las nuevas leyes de protección a la Infancia y a la Adolescencia (Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia) reconocen por primera vez a los menores como víctimas de la violencia de género para que tengan derecho a la misma asistencia que sus madres, modificando el artículo 1 de la Ley Orgánica de 2004.

Además, se establece la obligación de los jueces de pronunciarse sobre medidas cautelares que afecten a hijos de mujeres maltratadas, y se prevé que estos niños puedan permanecer con sus madres.

Nuevos delitos El nuevo Código penal que ha entrado en vigor en julio de 2015 mejora la respuesta penal ante la violencia de género al tipificar nuevos delitos de matrimonio forzado; de acoso, hostigamiento y acecho; así como de inutilización o perturbación del funcionamiento de los brazaletes, medidas de seguridad o medidas cautelares.

Más presupuesto A lo largo de la legislatura, el Gobierno ha transferido casi 18,5 millones de euros a las CC.AA. para la asistencia integral de las mujeres víctimas de violencia de género y a los menores a su cargo, incorporando en esta cuantía la distribución a las Comunidades, aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 29 de mayo, de 5,18 millones.

Esta legislatura también se han transferido 19 millones de euros de las subvenciones del 0,7% del IRPF a programas de las entidades sociales del Tercer Sector dirigidos a la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones, incluida la protección integral a las víctimas. En 2014, un 8,3% más que en 2013.

Se ha pasado de las 2.276 ayudas para cambio de residencia concedidas a víctimas en el año 2011 a las 6.601 de 2014, un 58% más. Y ha aumentado de 29.065 a 34.550 el número de víctimas perceptoras de la Renta Activa de Inserción

PGE2016 El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 contempla un incremento de 1,5 millones, es decir, un 6,32%, siento la cifra total de 25,23 millones de euros. Más de un 60% el presupuesto se destina a la prestación de servicios asistenciales.

Para maximizar la eficacia y mejorar la coordinación se ha incrementado la partida presupuestaria para programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género (trasferencias a CCAA) en 1 millón de euros, que se suma a los 4 millones existentes en este concepto en 2015, lo que supone un aumento del 25%.

Asimismo, se ha incrementado en 707,000 euros la partida de ayudas sociales para mujeres (Art. 27 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre) hasta alcanzar los 1,70 millones de euros, lo que supone un incremento de 70.78%.

Estos incrementos no han supuesto una disminución del resto de partidas. Como son el convenio de teleasistencia móvil a víctimas de violencia de género: 3,6 millones €, la atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual: 2 millones €, los programas para la implementación de planes personalizados: 1 millón €, entre otros.

Desde la oposición se ha señalado que se han producido recortes, si bien desde el inicio de la legislatura no se ha dejado de realizar ninguna de las actuaciones, ni de prestar ninguno de los servicios que a fecha 31 de diciembre de 2011 se venían prestando.

La buena gestión de los recursos ha sido posible ya que existían en el presupuesto de la Dirección General Violencia Género partidas con presupuestos que no se llegaban a ejecutar: por ejemplo se ha detectado en el contrato de dispositivos de alejamiento, para la financiación a la FEMP de la subvención de ATENPRO, o para el 016. Se ha optado por ajustar partidas sin trascendencia asistencial o protectora como estudios y trabajos técnicos, publicaciones y dietas. De esto deberían hablar en las redes sociales quienes tergiversan los datos y dicen medias verdades para que parezcan mentira.

Nos ven mejor desde fuera

Finalizo haciendo alusión al informe de progreso de la Igualdad entre Hombres y Mujeres elaborado por la Comisión Europea y publicado el 14 de abril de 2014 en el que se analizan los logros alcanzados genero y concretamente se valoran muy positivamente las actuaciones desarrolladas por Irlanda (programas de reeducación y control de la violencia de los agresores) y España. De nuestro país destacan los sistemas y servicios de protección, seguridad, cuidado y recuperación de las víctimas de violencia de género, así como de sus hijos.

En marzo de 2014, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dio a conocer los resultados de la primera encuesta a escala europea sobre violencia de género habla en sus conclusiones de que el 83% de las encuestadas en España declaró haber visto o escuchado recientemente campañas publicitarias contra la violencia de género frente al 50% de la media de la UE lo que confirma que hace mucho y que hay que seguir trabajando. En esto consisten los Pactos de Estado, en luchar y avanzar y no perder el tiempo en otras cosas.

Las sentencias del Tribunal Constitucional deben cumplirse

¿Quién puede pensar que una sentencia del Tribunal Constitucional no se cumple? Pues muchos no solo lo piensan sino que lo hacen. Y mientras que si no pagas una multa de tráfico o el IBI existen mecanismos para obligarte a hacerlo resulta que si se incumple una sentencia del Alto Tribunal no existen medidas para dotarle de capacidad para que sus resoluciones sean ejecutadas. Esto parece una broma y por eso Xavier García Albiol dijo cuando el Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para poner solución a ésta situación la famosa frase: «La broma ha terminado»

El Tribunal Constitucional ha sido en los últimos 37 años garante de la convivencia y los derechos fundamentales de todos los españoles recogidos en la Constitución Española y es fundamental que se acompañe del absoluto respeto a sus decisiones.

CE

Hay quienes se preguntan si es una medida electoralista para actuar frente al desafío independentista del Presidente Catalán Artur Mas. Yo les díría que lo que es seguro es que no actuar podría ser cuanto menos prevaricación porque todos los españoles sabemos que no actuar es permitir que las cosas se hagan mal sabiendo que se están haciendo mal. Y luego están las comparaciones inevitables con otras situaciones como por ejemplo si un ciudadano incumple una resolución administrativa ve como toda la fuerza de la maquinaria pública cae sobre él, ya sea por no presentar en plazo una declaración de IVA o por coger el coche si tiene el carnet retirado.

La proposición de ley de reforma del TC permitirá que éste Tribunal sancione o incluso suspenda de sus funciones al presidente catalán, Artur Mas, si incumple sus sentencias, de forma similar a como ocurre en otros países. La desobediencia podrá costar la suspensión de las funciones y multas de hasta 30.000 euros. Porque si un ciudadano no puede desobedecer una sentencia no se puede permitir que una Institución Pública lo haga. Las leyes están para cumplirse y si no se cumplen y una sentencia así lo ratifica e insta a hacerlo no puede ser que se hagan oídos sordos y con ello se dé el mensaje a los ciudadanos de que la justicia no es igual para todos.

Lo que hace es precisamente proteger nuestro Estado de derecho que algunos quienes manipular a su antojo y asegurar la plena eficacia de nuestro Estado de Derecho siendo el propio Tribunal quien supervise y controle la ejecución de sus propias resoluciones como ocurre con los tribunales ordinarios. En España si los ciudadanos cumplen las sentencias los políticos y las instituciones públicas también.

Se tramitará esta reforma durante el mes de octubre en las Cortes Generales y se espera que pueda ser aprobada definitivamente antes de que acabe la legislatura porque este Gobierno va a seguir trabajando hasta el último día y no va a dejar de hacerlo por responsabilidad y compromiso con los ciudadanos.

Regiones

La proposición pretende modificar los artículos 83, 87, 92 y 95 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, al que dota de instrumentos para que pueda garantizar el cumplimiento de sus sentencias.

Según Hernando, en los últimos años se han visto situaciones de «desacato» e incumplimiento de las sentencias del TC, y esto «se tiene que acabar». Y se va a hacer adaptando las normas para defender los derechos del conjunto de los ciudadanos españoles, también de los que viven en Cataluña.

El Gobierno debe garantizar la seguridad de los ciudadanos

En pleno debate sobre la reforma del Código Penal en España para dar una respuesta eficaz a las nuevas formas de delincuencia, nos estremece el atentado en Paris contra el semanario Charlie Hebdo. Parece que por momento todas las feroces críticas a la propuesta del Gobierno se han aplacado un poco y esto me recuerda cómo aquel 11 de septiembre de 2001 otro atentado terrorista contra las Torres Gemelas provocaba algo parecido. Entonces había un movimiento denominado “No a las armas” y a la inversión de los Estados en políticas de defensa que, obviamente, pasan por comprar armamento.

Creo que el terrorismo yihadista es la amenaza más fuerte que tenemos los ciudadanos de todo el mundo porque no solo causa muertos en Europa sino también, y muchos más, en los países donde nace. Leo estos últimos días cómo amenazan a niñas de 10 años con enterrarlas vivas sino se atan un cinturón de explosivos a la cintura y se suicidan en un mercado para mayor gloria de su profeta.

A veces necesitamos verla amenaza a la puerta de nuestra casa para darnos cuenta que la mayor responsabilidad de un Gobierno es defender la seguridad de sus ciudadanos frente a aquellos que quieren destruir y matar. Por supuesto que son muchos más los derechos que una sociedad democrática como la nuestra debe proteger y defender pero si no estamos seguros no tendremos sino miedo. Solo miedo. Y con miedo no se puede ser libre.

Por eso el Gobierno plantea con esta reforma una respuesta eficaz a las nuevas formas de delincuencia, por ejemplo, en internet, y cumple así con los compromisos internacionales en materia de seguridad.

<http://www.pp.es/actualidad-noticia/rajoy-terroristas-les-decimos-sin-temor-que-hemos-decidido-vivir-sin-miedo>

Las claves de la Reforma del Código Penal son:

1.- Protección del menor: especialmente en materia violencia de género y de nuevas formas de delito, como el acoso sexual a través de Internet. 2.- Refuerzo de la lucha contra la violencia de género: crea nuevos delitos y estrecha el cerco a los maltratadores. 3.- Lucha contra la corrupción: endurece las sanciones e introduce mecanismos más eficaces para recuperar lo defraudado. 4.- Proporcionalidad penal: ajusta las penas a la culpabilidad del hecho y amplía las posibilidades de reinserción. 5.- Prisión permanente revisable: que responde a los delitos más graves, sobre terrorismo y libertad sexual. 6.- Cumplimiento íntegro de penas: extiende el cumplimiento efectivo de la mitad de la condena a los delitos graves. 7.- Contundencia contra el terrorismo: impide que prescriban delitos de terroristas, se les exigirá que pidan expresamente perdón a las víctimas y colaboren con las autoridades.

Ahora esta reforma seguirá su trámite parlamentario, se debatirá y se mejorará con toda seguridad por los Grupos Parlamentarios, pero lo importante es que tengamos claro que el objetivo es solo uno: velar por la seguridad y perseguir a los delincuentes y terroristas.

Menuda semana para Rajoy

En la última semana Rajoy ha comparecido en el Senado donde tuvo que improvisar una declaración contra la corrupción 24 horas después de la operación “Púnica” y habló del referendum ilegal en Cataluña, también hizo frente el fin de semana a una inesperada polémica sobre los viajes del ex-senador y actual Presidente de Extremadura y hoy mismo ha hecho una comparecencia en la Moncloa sobre la consulta catalana del pasado domingo.

Para quienes dicen o, mejor dicho, le han puesto el sanbenito de que no habla, parece que no está nada mal. El Presidente no puede estar todos los días en el Telediario dando opiniones, debe gobernar este país. En un breve repaso de estas tres intervenciones recuerdo que el martes 28 pidió perdón a todos los españoles por los escándalos de corrupción, dijo entender y compartir la indignación de tantos españoles ante la acumulación de escándalos y que iba a tomar más medidas para que ningún cargo público como el estatuto del alto cargo y la ley de control de la actividad económica y financiera de los partidos.

Estas medidas se sumarán a algunas reformas ya puestas en marcha como la obligación de declarar y hacer públicos todos los sueldos, subvenciones y contratos de la Administración. Recuerdo que él mismo fue el primero en publicar en la web de Moncloa su declaración de la renta, no como el entonces secretario general del Psoe, el señor Rubalcaba, que no la encontraba y dijo que la iba a pedir a Hacienda. Yo nunca la ví.

También ha sido este Gobierno el que ha endurecido las penas por prevaricación y ha ampliado los supuestos de tráfico de influencias. El que ha puesto en marcha la Ley de Transparencia y el que obliga a la declaración de bienes y patrimonio a todos los altos cargos al inicio y al final de su mandato. Podremos discutir si los sueldos son altos o si tendríamos que ser mileuristas, si un diputado o senador debe ganar más o menos que un profesor universitario o un futbolista, pero desde luego lo que no se puede negar es que en los sueldos públicos no hay economía sumergida.

Pero lo más importante es que precisamente las noticias que conocemos y que tanto nos escandalizan a todos son la viva muestra de que el Estado de Derecho funciona, porque las investigaciones de la Policia y Guardia Civil son exhaustivas y la Justicia, aunque tarde, también funciona.

Por cierto me llamó la atención la foto de todos los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia pidiendo que se redujeran los aforados: estoy totalmente de acuerdo. Este país no puede permitirse 7.500 jueces y fiscales y 2.500 políticos aforados.

Así como el pasado martes en el Senado el Presidente dijo al senador Montilla que le gustaría encontrar una solución a la situación en Cataluña pero que no cree que haya que darle algo a cambio a quien convoca un referendum ilegal, hoy en la Moncloa el Presidente ha añadido que el domingo no se celebró un referendum. Lo que se hizo fue un simulacro que no tenía ninguna garantía porque no había censo ni imparcialidad (algunos votaron 3 veces, votaron menores e inmigrantes pero no los catalanes que viven fuera de Cataluña y los “interventores” eran voluntarios separatistas).

A pesar del dinero gastado la Generalitat y sus amigos independentistas solo han logrado, según ellos que son los que han contado los votos, que 1,8 millones de catalanes (??) dijeran sí a la creación de un Estado catalán y a la independencia. Pero esto supone 1/3 del supuesto censo así que no parece lógico que una minoría imponga su voluntad al resto de ciudadanos. Porque para ser un verdadero demócrata hay que creerse que la democracia es el gobierno de la mayoría teniendo en cuenta la opinión de una minoría a la que no hay que ignorar pero no puede ser lo contrario. <http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2014/12112014-comparecencia.aspx> Me quedo con algo también muy importante que nos ha dicho hoy nuestro Presidente Rajoy: si el Psoe cree que hay que reformar la Constitución que presenten una propuesta, que digan qué quieren reformar y cómo, qué objetivo tienen con esa reforma porque el Gobierno está abierto a hablar y debatir sobre el tema. Pero si nadie sabemos qué es exactamente lo que quieren ni para qué dificilmente este Gobierno va a abrir un tema que no es ahora mismo la prioridad porque lo que los españoles queremos es trabajo y properidad, recuperar nuestra credibilidad, acabar con la corrupción y poder vivir seguros y en paz. Al menos es lo que yo quiero.

El Tribunal Constitucional suspende la consulta en Cataluña

Primero convocan referéndum y después consulta. Sabían desde la Generalitat que el Gobierno de España no iba a quedarse impasible frente a un incumplimiento de la legalidad, de nuestra norma fundamental, la Constitución Española. Rajoy dijo hace un año que no iba a permitir que se hiciera un referéndum ilegal en Cataluña para promover una segregación del Estado Español.

A tan solo 5 días de esa consulta que se anuncia para el día 9, el Tribunal Constitucional ha aceptado por unanimidad y por segunda vez el recurso que el Gobierno ha presentado y que paraliza la convocatoria de una especie de desafío que va más allá de lo razonable y sensato desde una institución que precisamente lo es porque está amparada por la Constitución, de un Presidente, que lo es, porque lo reconoce la Constitución.

Sinceramente pensaba que con la primera suspensión del anunciado referéndum la Generalitat iba a parar pero ví con asombro como empezaban a llamar a los directores de los colegios para que abrieran los colegios y convocaban a voluntarios en los medios de comunicación para organizar esa consulta. Y para colmo acabamos de comprobar que “Mari Fé de Triana” con domicilio en Paseo de Gracia 14 se puede registrar para votar… y le asignan una mesa. Esto no es serio en una Institución del Estado como es la Generalitat de Cataluña y perjudica seriamente a la salud democrática de España. Mal ejemplo dan los dirigentes que no acatan la ley frente a los ciudadanos.

El Gobierno ha hecho lo que podía hacer desde el punto de visto jurídico, no podía actuar en tanto no se incumpliera la ley. Está siendo firme para no hacer concesiones políticas a Ciu y sus socios republicanos a cambio de cesar en esta iniciativa porque sabe que esto antes o después se volvería a repetir. Precisamente por evitarlo otros Presidentes hicieron concesiones de tipo fiscal y mejoras de tipo presupuestario y de inversión en esa Comunidad Autónoma y no consiguieron nada más que aplazar lo que ahora estamos viviendo.

La Constitución es muy clara y reserva en exclusiva para el Gobierno de la Nación la convocatoria de referéndum. Y como ha dicho hoy la Vicepresidenta del Gobierno, Sainz de Santamaría, ningún dirigente elige qué ley quiere cumplir. Y si no la cumple asumirá las consecuencias.

Redes de cuarta generación y fibra óptica al alcance de todos

El pasado día 23 de abril pude defender en nombre del Grupo Popular en el Senado la nueva Ley de Telecomunicaciones que va a fomentar la inversión y sobre todo a eliminar las barreras que dificultan el despliegue de redes de nueva generación para que los ciudadanos accedan con más facilidad. Con esto vamos a permitir que se avance en la recuperación de la Unidad de Mercado. Desde la aprobación de la anterior Ley de Telecomunicaciones, el propio desarrollo del sector a nivel nacional e internacional hacía necesario la revisión de la normativa que marca el funcionamiento en un sector muy dinámico y que cada día influye más en la vida de las personas.

<https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=D0wgWrAtPYI>

Además la transposición de directivas europeas no podía aplazarse más y era urgente definir claramente las líneas a seguir para que nuestro país se sitúe a la vanguardia de las telecomunicaciones.Esta norma es un pilar de la agenda reformista del Gobierno del Partido Popular.

Porque el sector de las telecomunicaciones es esencial para la impulsar el crecimiento y generar empleo. Y ese empleo va a venir de la mano de la renovación tecnológica, del acceso a internet fijo y móvil a velocidades ultrarápidas, lo que permitirá incrementar nuestra productividad y competitivad, justo lo que necesitamos para seguir creando empleo. Los operadores nos están demandando los medios adecuados para el necesario despliegue de redes de telefonía móvil de cuarta generación y el despliegue de redes de fibra óptica, que permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia y con una velocidad similar a las de radio.

Según los estudios de la Comisión Europea, la difusión de banda ancha contribuye en un 0,7% de crecimiento de Producto Interior Bruto (PIB). Por cada aumento de la penetración de la banda ancha en un 10% el crecimiento del PIB es entre el 1% y el 1,5% y doblar la velocidad de la banda ancha supone un incremento del 0,3% del PIB. Además, se estima que en la Unión Europea se generarán 100.000 empleos asociados a la innovación en servicios entre 2010 y 2015, que ascenderán a dos millones en 2.020 .

Uno de los principales objetivos de la ley es que los ciudadanos puedan beneficiarse de precios más competitivos, uno de los efectos positivos de la liberalización del sector, iniciada en 1998, “que aún no se ha trasladado por completo” a los usuarios. Mi Grupo apoya este proyecto de ley porque ofrecerá mejores ofertas para los ciudadanos y empresas, así como en menores precios y mejor cobertura. Estos son para nosotros argumentos más que suficientes para apoyar este proyecto de ley.

La Unidad de Mercado se va a conseguir a través del establecimiento de nuevos mecanismos de coordinación y colaboración entre el Estado, Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos para que se facilite el despliegue de redes de telecomunicaciones.También a través del establecimiento de requisitos técnicos comunes para despliegue de redes, y esto no es invadir competencias de nadie, esto es trabajar desde un sector que es clave coordinando el trabajo para alcanzar la posición que España debe tener.

Europa tiene un excesivo número de operadores frente a EEUU o a China.

¿Saben que en la UE hay 170 operadores frente a los 17 de EEUU y los 3 de China? Pero más operadores no es sinónimo de mejores precios y calidad. Lo que hacía falta era inversión y el Ministerio de Industria lleva invertidos 2.100 millones de euros en el desarrollo de las medidas de la Agenda digital que están cumplidas en un 63%.

Además, se garantizará el derecho de todos los usuarios a utilizar redes ultrarrápidas de manera que las comunidades de vecinos estarán obligadas a permitir su despliegue, y los operadores podrán reutilizar canalizaciones y conductos titularidad pública o las redes de otras compañías.

En resumen, esta Ley permitirá una mayor seguridad jurídica, el fomento de la inversión, la creación de puestos de trabajo, la recuperación de la Unidad de Mercado, la eliminación de barreras en despliegue y de trámites administrativos, además de una mayor coordinación entre Estado y las Administraciones Públicas.

La mezquita-catedral de Córdoba es de la Iglesia

El martes 22 de abril en el Senado una pregunta de IU llevó a la Cámara Alta el último de los temas en los que esta organización política está empleando sus esfuerzos, primero en Andalucía y ahora a nivel nacional. Me refiero a la polémica suscitada con la mezquita-catedral de Córdoba. El senador de este partido empieza diciendo que la mezquita se construyó por Abderramán I en el año 785 y que doce siglos después la Iglesia Católica inscribió el bien a su nombre en el registro de Córdoba. Después de sacar a relucir a Franco y la Ley Hipotecaria del franquismo, el señor Mariscal viene a decir que la Iglesia se está aprovechando de un inmueble que no le pertenece, que debe serle expropiado y que es un escándalo que se cobre una entrada de 8 € para poder hacer una visita turística a la citada mezquita, que por cierto, tiene la denominación de mezquita-catedral.

Estuvo muy claro el ministro Gallardón al contestarle que puestos a hablar en el Senado se debe hacer con conocimiento y que antes de que se construyera la mezquita había en su lugar una basílica visigótica de San Vicente mártir que, como todos los vestigios de cristianismo, fue arrasada por los invasores musulmanes. Los visigodos como todo el mundo sabe se tuvieron que retirar al norte y desde allí comenzar una reconquista que duró 8 siglos. Porque esta historia arranca en el siglo VI cuando se hace la basílica visigótica. En el siglo XIII, concretamente en 1236 se produce la conversión de la mezquita al culto católico y se respeta la arquitectura árabe, cosa que no se había hecho con la anterior basílica, para posteriormente construir en el siglo XVI una basílica en el centro de la mezquita. Luego estamos hablando de un templo que fue invadido, destruido y cambiado de culto por los invasores. Cuando se devuelve a la Iglesia obviamente recupera el culto católico, algo que parece que no pueden entender y aceptar quienes sí defienden saltarse a la torera la legalidad a la hora de adjudicar viviendas sociales.

Parece que ahora que IU gobierna en Andalucía con el Psoe y no ganan para escándalos de corrupción día tras día, se han acordado que en el año 2006 la mezquita-catedral fue inscrita en el Registro de la Propiedad pero no dicen que sus ahora socios ni ellos mismos denunciaron los muchos convenios firmados entre la Junta de Andalucía gobernada entonces por el Sr. Chaves y la Iglesia en los que se reconoce la titularidad del bien a la misma. Tampoco hizo lo propio el Gobierno de España, presidido por el Sr. Zapatero. Y no dijeron nada porque sencillamente el hecho de que la Iglesia estuviera exenta de registrar sus bienes no pone de ninguna manera en cuestión su título de propiedad. Igual ocurre a nivel particular y lo saben estos representantes de IU porque una escritura o un convenio o un tratado no tiene que ser inscrito en el citado registro para ser válido. Decía el Ministro Gallardón en su intervención que el senador de IU estaba confundido y yo creo que por supuesto que no lo estaba; lo que hace el Sr. Mariscal y sus compañeros es confundir a quienes le escuchan porque así desvían la atención de otros temas. Porque con ellos la demagogia está servida y a mayor confusión y ataque a la Iglesia más contentos están estos demócratas que apoyan a no se sabe bien qué movimientos islamistas que quieren sembrar la discordia con la mezquita-catedral de Córdoba. Muy distintas desde luego son las leyes que se dictan en los países árabes, por ejemplo, en Egipto, donde una ley impide a los católicos reconstruir las aproximadamente 150 iglesias destruidas desde que comenzó la primavera árabe hace tres años. Aquí, todo lo contrario, y la Junta de Andalucía más que nadie. Parece que ese punto en común de considerar a la Iglesia como enemigo a derribar de muchos dirigentes de izquierda les lleva a plantear cuestiones desde luego en contra de toda razón y lógica y en menoscabo de los intereses de los ciudadanos de Córdoba, de Andalucía, y también de España porque hablamos de uno de los monumentos españoles más importantes. Yo creo que todo esto es una artimaña para desviar la atención de los escándalos de un Gobierno Andaluz en manos de Psoe e IU que no gana para titulares de los eres y de subvenciones fraudulentas. No es casualidad que desde 2006 a 2008 nadie pidiera que se revocara la inmatriculación. No es casualidad que ahora se pida algo imposible como la expropiación a la Iglesia de un monumento histórico que no tiene precio. Es un despropósito jurídico, dijo Gallardón, porque no hay ni peligro de destrucción ni peligro de deterioro de la mezquita además saben perfectamente que en el hipotético caso que se dieran estas circunstancias habría que indemnizar a la Iglesia por parte de la Junta de Andalucía y no dicen que sería inasumible. Efectivamente, los españoles podemos disfrutar de ese patrimonio por 8 euros y no tenemos que indemnizar a nadie por su expropiación ni tampoco pagar por su mantenimiento. Por cierto ni Mariscal ni Gallardón dijeron que las entradas para niños/as de 10 a 14 años cuestan 4 euros y los menores de 10 entran gratis.

La Justicia Europea protege nuestra privacidad

Después de los atentados de Madrid en 2004 y de Londres en 2005 la Unión Europea aprobó una directiva que obligaba a las operadoreas a conservar los datos de tráfico y de localización de sus usuarios y también toda la información que posibilitara la identificación del usuario de la linea. Desde el año 2006 y hasta hoy se ha venido aplicando en aras de una cuestión de interés general en la lucha contra la delincuencia grave y la seguridad pública aún siendo todos conscientes del choque que esto supone del derecho a la privacidad ya que como hemos conocido recientemente algunas autoridades han utilizado los datos de correos, mensajes o llamadas más allá de lo estrictamente necesario.

Este choque de derechos ha dado lugar finalmente a una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo que ha declarado ilegal dicha directiva en virtud de las reclamaciones que en día emitieron los Tribunales de Irlanda y Austria. Este Tribunal ha considerado que la directiva del 2006 ha sobrepasado los límites que exige el respeto del principio de proporcionalidad entre los derechos de los ciudadanos a su privacidad y el interés general. Después de 8 años sabiendo que los operadores disponían de copia de todas nuestras operaciones vemos cómo los jueces anteponen los derechos fundamentales a cualquier otro aunque se trate de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Consideran que no está convenientemente regulada la mencionada injerencia y que no se regula donde está el límite de los estrictamente necesario.

A mí personalmente no me hacía nada de gracias que todos mis datos se conservaran durante años en aras a una posible transmisión a las autoridades nacionales competentes porque mientras tanto nadie sabe qué tipo de análisis o estudios pueden llevarse a cabo con mi información. El avance tecnológico conlleva sin duda pérdida de esa privacidad que tanto protegemos pero que queda totalmente a los ojos de esos operadores que conocen nuestros horarios y pautas cada día en función de nuestras búsquedas en internet, de nuestras llamadas o de los destinatarios de nuestros emails.

http://www.abc.es/tecnologia/redes/20140416/abci-google-gmail-revisar-mails-201404161319.html

Yo por ejemplo suelo reservar hoteles por internet y no me sorprende ya ver cómo cuando navego me aparecen toda clase de anuncios relacionados con viajes y alojamientos. Y claro, una cosa es que una web de reservas te pregunte si quieres que adivine donde te gustaría pasar tus próximas vacaciones en función de tus últimas compras de hoteles o vuelos y otra muy distinta que los buscadores te bombardeen a propuestas de escapadas de todo tipo sin que tú lo solicites. Entre otras cosas a mí me molesta porque me hacen pensar constantemente en vacaciones cuando tengo que estar centrada en el trabajo.

En resumen, que podemos dormir un poquito más tranquilos porque ya no van a poder almacenar nuestros datos aunque falta por saber cómo se va a aplicar esta sentencia ya que la Comisión Europea no ha aclarado qué va a suceder con todas las compañías de telecomunicaciones que siguen acumulando datos de nuestras conversaciones y nuestros mensajes. Pero seguiremos intranquilos porque los terroristas y los delincuentes sin duda estarán celebrando esta decisión.