LA NUEVA CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA SERÁ CLAVE PARA LUCHAR CONTRA EL PARO

comercio-internacional El Gobierno continúa con las reformas para impulsar la economía y ahora les toca a las Cámaras de Comercio que están reguladas por una Ley de 1993. Vienen funcionando desde finales del S. XIX y aunque en el año 2010 mediante Real Decreto-Ley se eliminó la adscripción obligatoria y, por lo tanto, la obligatoriedad en el pago de las cuotas, era necesario que se adaptaran a la situación actual de nuestras empresas.

El Anteproyecto de Ley Básica de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, mantiene a éstas entidades como corporaciones de derecho público ya que sus funciones público-administrativas son relevantes para la regeneración del tejido económico y la creación de empleo. Además se consagra su finalidad de representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación, sin olvidar, su capacidad para prestar servicios a todas las empresas.

Esta nueva Ley, que ahora empezará a tramitarse en las Cortes Generales y podrá enriquecerse con las aportaciones de los grupos parlamentarios vía enmiendas, será clave para la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas y la lucha contra el paro juvenil. Está previsto que el Consejo Superior de Cámaras se convierta en la Cámara de Comercio de España y éste será el órgano de representación y coordinación de todas ellas.

Una vez más el Gobierno va a promover más claridad y seguridad jurídica para las Cámaras de Comercio. Su principal objetivo será impulsar la salida de nuestras empresas al exterior y potenciar así el empleo juvenil a través de la formación profesional dual. La nueva Ley aboga por un modelo de Cámaras dirigido a resultados para reforzar su eficiencia en el desarrollo de las funciones que se les atribuyen.

En principio todas las empresas deberán pertenecer a la Cámara de Comercio pero sin obligación económica. Esto es así porque las Cámaras representan los intereses generales de toda la actividad económica y empresarial y no un determinado sector, asociación o colectivo.

Ante la pregunta de cómo se van a sostener económicamente en el actual contexto económico la respuesta es que se establece un sistema de ingresos basado, fundamentalmente, en los servicios que éstas instituciones van a prestar, servicios de información, de formación, publicaciones, comercio exterior, etc., y también en aportaciones voluntarias de las empresas adscritas.

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